Por si no lo sabéis, el pasado día 1 de Septiembre entro en vigor el TRLC (Texto Refundido de la Ley Concursal) que será a partir de ahora la norma que nos ayudará a conducir los procedimientos concursales a todos aquellos que participamos en ellos, Jueces, Administradores Concursales, Abogados, Procuradores etc.

 Sirva esta modesta nota para agradecer a los Jueces ejercientes en Catalunya, la valentía con la que han asumido las nefastas novedades que contiene esta norma. Me refiero concretamente a la imposibilidad de cancelar las deudas de carácter público por parte de aquellas personas que acogiéndose al denominado procedimiento de Segunda Oportunidad pretendían cancelar sus deudas, aunque fuese parcialmente. Pues bien, en un alarde de técnica jurídica, nuestros jueces han decidido de forma unánime, mantener los criterios que se aplicaban antes de la relacionada fecha. Por ello los deudores, aún con la nueva norma, podrán seguir solicitando la cancelación de las deudas, total o parcialmente. Llegado a este punto cabe preguntarse, por qué nuestro legislador se limita a pedir un sacrificio económico a todos los acreedores excepto a las administraciones públicas? no merecen todos los acreedores un trato por igual? dónde queda entonces el principio que rige los procedimientos de insolvencia desde la noche de los tiempos, me refiero al aforismo que nació con el derecho romano, Par Conditio  Creditorum.

El derecho español debe igualarse al derecho europeo comunitario, donde el sacrificio de las administraciones públicas ha sido asumido por los estados miembros como parte de la recuperación de aquellas personas sumidas en situaciones de insolvencia.

Será interesante ver la jurisprudencia que emane de los tribunales catalanes en comparación con la del resto del estado.